Sin consenso, el Senado aprobó y giró a Diputados el nuevo Código Civil y Comercial

Lo votaron el oficialismo y algunos aliados. Las bancadas opositoras se retiraron del recinto. Hubo ásperos cruces en la Cámara.

El kirchnerismo aprobó esta madrugada en el Senado, casi en soledad, el proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, dado que la mayoría de oposición, motorizada por el radicalismo, se retiró del recinto por desacuerdos con la metodología empleada y porque las únicas dos modificaciones aceptadas correspondieron a propuestas de legisladores oficialistas.
Fue esta madrugada, pasadas las 4, tras doce horas de debate, cuando el oficialismo consiguió 39 votos afirmativos contra 1 del representante del Partido Renovador de Salta, Juan Pérez Alsina, y ante la retirada en bloque de los radicales.
También se fueron del recinto los senadores del Peronismo Federal y del FAP, incluso la representantes del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero, quienes pese a haber adelantado que acompañarían en general por los acuerdos alcanzados en materia de concepción, luego no cumplieron ante la posibilidad que Diputados modifique ese criterio tal como surgió del debate.
La sorpresa la dio el jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ, Miguel Angel Pichetto, al admitir su desacuerdo con algunos puntos de la reforma, aunque adelantó que la votaría por disciplina partidaria y por la existencia de acuerdos políticos.
Primero dijo que el texto original era de “una ideología privatista del Derecho Civil por encima del Derecho Público” que “coloca al Estado como sujeto privado” y dijo que ello es consecuencia de haber sido elaborado por “civilistas”.
“Tiene una matriz y tiene un pensamiento de los civilistas que no comparto, pero lo voy a votar igual”, afirmó el rionegrino, quien además cuestionó la forma en que quedó “el artículo 19” -establece el reconocimiento de la vida humana “desde la concepción”- y apuntó: “Tengo un pensamiento laico: las cosas del Estado son del Estado y las de Dios son de Dios”.
Aclaró que “como toda obra humana es perfectible”, en el ámbito de la Cámara de Diputados “este debate pueda ser superado”, aunque también reiteró que votaría la reforma por disciplina política, al contestar una pregunta desde la bancada de la UCR sobre las razones de acompañar la medida.
Y sumó el punto que colmó la ya disipada paciencia radical, cuando planteó que el oficialismo solo iba a incorporar dos modificaciones a la reforma vinculada a “los derechos de las provincias a plantear plazos de prescripción en materia impositiva”, referidas al “derecho público provincial o municipal” impulsadas por legisladores del oficialismo.
Allí, el radical mendocino Ernesto Sanz se quejó de la actitud del peronismo y afirmó que se trataba “de un agravio a la oposición”, ya que “las únicas propuestas que aceptan son las que hacen miembros del oficialismo”.
“Esto hace que a este Código lo voten ustedes solos”, advirtió y le enrostró a Pichetto que “ni siquiera están conformes en el propio oficialismo con el Código”.
De acuerdo con el jefe del bloque K, el proyecto oficial incluye más de 150 modificaciones, entre ellas algunas pedidas por la Iglesia como el reconocimiento de la vida “desde la concepción” (en contrario al texto original de la comisión redactora que establecía que “comienza con la concepción en el seno materno”), que va contra la posibilidad de legislar el aborto.
También se estableció la eliminación de todo lo referido a la fecundación asistida post mortem y la gestación por sustitución (alquiler de vientres), reclamos efectuados por la Iglesia y que provocaron malestar en filas K y restaron apoyo de la oposición.
Se quitó asimismo el párrafo referido a la concepción en “el caso de técnicas de reproducción humana asistida”, que decía que “comienza con la implantación del embrión en la mujer”, pero se mantuvo la simplificación del trámite de divorcio por “petición de ambos o de uno sólo de los cónyuges”, a posibilidad de firmar acuerdos prematrimoniales y mejoras a los procesos de adopción.
El artículo 765, en tanto, deja abierta la puerta para una eventual “pesificación” de los acuerdos económicos, ya que habilita la posibilidad de saldar deudas tomadas en moneda extranjera con “el equivalente en moneda de curso legal”.
La oposición, en tanto, cuestionó la prisa por sancionar la reforma (aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había admitido por la tarde a los jefes de bloque del Cuerpo la posibilidad de aceptar cambios en Diputados), la restricción del derecho de las personas nacidas por métodos de fertilización asistida a conocer su origen, es decir la identidad de los donantes; y la supresión de la cláusula de función social de la propiedad.
El socialista Rubén Giustiniani, por su parte, había advertido que al considerar al embrión como persona se anula “la práctica efectiva de las técnicas de la fertilización in vitro en nuestro país” y consideró que, además, el Senado pierde “la oportunidad histórica de reconocer al agua potable como Derecho Humano Fundamental”, al lamentar que se eludiera su inclusión.
También, se cuestionó la quita la responsabilidad del Estado del Código; pero, en ese sentido, el titular de la comisión bicameral de seguimiento de la reforma, el kirchnerista Marcelo Fuentes, defendió el cambio y argumentó: “El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede a través de una legislación general, como el Código Civil de la Nación, imponer normas a los estados provinciales”.
Además, atajó las críticas opositoras al señalar: “Cuando colocamos la función social de la propiedad, nos acusan de querer instaurar un Estado socialista; si lo retiramos, se nos acusa de dar un beneficio a los intereses conservadores”.