La justicia italiana demora la venta de Telecom Argentina

Funcionarios del ente regulador del mercado de capitales y miembros de la policía financiera italiana visitaron ayer por la tarde la sede de Telecom Italia en Milán y las oficinas centrales de la empresa en Roma.
Nadie los esperaba en ninguno de los dos edificios. La maniobra tomó por sorpresa a los ejecutivos de la operadora europea de telecomunicaciones que, en ese momento, analizaban los detalles finales de la emisión de un bono convertible en acciones por 1.300 millones de euros, y la venta de sus acciones en Telecom Argentina al fondo inversor Fintech Advisory.
Precisamente, ambas operaciones motivaron los allanamientos de ayer, que también repercutieron a 14.000 kilómetros de distancia, en la city porteña, donde las acciones de Telecom Argentina retrocedieron 1,84%, tras conocerse el operativo que encabezaron funcionarios de la Comisión Nacional para la Sociedad y la Bolsa de Milán (Consob) y militares de la Guardia de Finanzas.
También en la sede del fondo Fintech, en Nueva York se le prestó atención a los allanamientos, debido a que el fondo que preside el empresario mexicano David Martinez ofreció u$s 1.000 millones por las acciones de Telecom Italia en Telecom Argentina y espera cerrar el acuerdo esta semana o, a más tardar, la próxima.
De ser aceptada su propuesta, Martinez pasará a controlar el 68% de Sofora Telecomunicaciones, holding propietario de Nortel Inversora, a su vez dueña del 54,74% de Telecom Argentina. El 32% restante de Sofora está en manos de la familia Werthein, mientras que el 45,23% de Nortel cotiza en bolsa. Y los derechos económicos de Telecom Italia en Telecom Argentina ascienden al 22,7%.
Pero las inspecciones en Milán y Roma demoran la firma del acuerdo, que también debe tener el visto bueno del gobierno argentino, hecho que en el mercado dan por descontado el aval oficial. De hecho, las investigaciones en Italia no tienen que ver con la actuación de Fintech sino con el proceder de los máximos ejecutivos de Telecom Italia.
De hecho, los inspectores italianos investigan la venta de Telecom Argentina y la emisión del bono por 1.300 millones de euros aprobados la semana pasada por una denuncia presentada por accionistas minoritarios que acusan al directorio de Telecom Italia presidido por Marco Patuano de velar sólo por los intereses de los accionistas principales. En ese marco, los funcionarios italianos se llevaron del despacho de este ejecutivo cajas con información sobre los procedimientos de la compañía en relación a la información confidencial. Así lo informó Telecom Italia en un comunicado, en el cual agregó que “siempre ha respetado la ley y que cooperará al máximo con la autoridades”.
El comunicado también responde a las acusaciones de ASATI, una asociación de pequeños inversores de Telecom Italia que representa menos del 1% del capital de la operadora y que reclama que la venta de Telecom Argentina sea debatida durante la reunión de accionistas del 20 de diciembre próximo.
De hecho, en la misma reunión se presentará una moción del fondo Findim, propietario del 5% de Telecom Italia, para revocar el mandato del actual directorio de la operadora y elaborar otro plan de negocios diferente al presentado por el comité que encabeza Patuano.
Pero el operativo judicial llevado a cabo ayer no es el único escollo que la empresa italiana debe resolver antes de su proceso de reestructuración. De hecho, la semana pasada fiscales de la justicia de Roma abrieron una investigación sobre los cambios accionarios que se están produciendo en Telco, sociedad que controla el 22,4% de Telecom Italia, y del cual participa el grupo español Telefónica junto a los bancos italianos Mediobanca, Intesa Sanpaolo, y la aseguradora Generali. La investigación judicial se centra en la propuesta de Telefónica para quedarse con las acciones de sus socios para, de esta forma, convertirse en el mayor accionista de Telecom Italia, a través de un proceso que debería culminar en abril de 2014 y por el cual la compañía italiana decidió desprenderse de su filial argentina.
Esta denuncia también es impulsada por ASATI, que alega que la operación sólo beneficia a Telefónica y perjudica a los accionistas minoritarios, cuyas participaciones se diluirán en tres años, cuando los inversores institucionales que compren el bono a emitirse lo conviertan en títulos de Telecom Italia.