La Corte declaró constitucional a Ley de Medios y le dio respiro al Gobierno tras la derrota electoral

Con la disidencia total de Fayt, los ministros advirtieron que el Grupo Clarín deberá desinvertir pero que lo deberán indemnizar. La disputa es ahora entre el multimedios y Afsca

Cuatro años después de que se iniciara la causa judicial, la Corte Suprema determinó la constitucionalidad de la Ley de Medios y desactivó los planteos realizados por el Grupo Clarín sobre cuatro artículos clave de la norma sancionada por el Congreso. La decisión obliga al multimedios a presentar un plan de adecuación ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), pero establece el pago de una indemnización para proteger sus derechos de propiedad. El fallo fue firmado por los siete ministros, aunque Carlos Fayt rechazó de plano la decisión y Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay votaron en disidencia parcial. En cambio, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni respaldaron toda la ley.
En un fallo de 392 carillas, el máximo tribunal consignó que la ley 26.522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso. También agregó que “el análisis de constitucionalidad es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley que son materia de otros pleitos”. Eso significa que a partir de ahora muchas de las cuestiones planteadas deberán resolverlas la Afsca y Clarín. En ese sentido, los jueces destacan que el organismo que dirige Martín Sabbatella debe ser independiente del gobierno y de otros grupos de presión. A ese punto se ajustará Clarín antes de adecuarse a la ley, por considerar a Sabbatella como funcionario “K”.
Entre los aspectos centrales del fallo sobresale que el plazo de un año para la adecuación está cumplido, por lo que la desinversión es “plenamente aplicable” a Clarín, y sostiene que “el modo de proteger las licencias es la indemnización pecuniaria”. La postura de Clarín, por ahora, es agotar las instancias judiciales llevando el caso a tribunales internacionales.
Los argumentos de la Corte respecto a los cuatro artículos cuestionados por Clarín son contundentes: todos son constitucionales. Del 41, referido a la transferencia de licencias, se respeta la potestad estatal en distribuir el espacio radioeléctrico; del 45, relacionado al tope de licencias, se avalan todos los apartados, del 161, se destaca que el plazo está vencido, y del 48, respecto a la concentración mediática, se advierte que “nadie tiene derecho al mantenimiento de la ley general, si se in demnizan los perjuicios que sufra la licencia individual”.
Desde la Corte le dieron trascendencia al hecho de que la ley fue confirmada en el Congreso y afirmaron que “no hay afectación a la libertad de expresión”, ya que recién una vez aplicada la ley, Clarín –o cualquier multimedios– podrán expresar que se sienten afectados. La Corte también replicó que la aplicación de la ley “no causa un riesgo en la sustentabilidad económica de Clarín.
No obstante, el máximo tribunal explicó que Clarín cuenta “con derechos adquiridos puesto que el entonces presidente Néstor Kirchner en 2007 concedió una prórroga de sus licencias por varios años e, incluso, eso luego fue ratificado por el Congreso“. Esa tesis fue especialmente argumentada por Maqueda, que como Argibay se expresó en disidencia parcial. Para el juez, habitualmente crítico con el kirchnerismo, la aplicación de la ley en el caso puntual de Clarín debería llevarse a cabo una vez cumplidas las prórrogas otorgadas por el Gobierno. Fayt consideró que los cuatro artículos son inconstitucionales.
Los jueces, finalmente, hicieron referencia a seis criterios de aplicación, en los que vuelven a valorar el papel del Congreso y advierten al Estado para que no se exceda en materia de publicidad oficial y libertad de expresión. Sin embargo, el ítem más relevante es el que, en una especie de consejo al Afsca, declara la “vital importancia de que la autoridad de aplicación sea un órgano independiente del gobierno y de grupos de presión”.
En el máximo tribunal se mantuvieron al margen de las críticas recibidas desde el arco político y negaron presiones del Gobierno, en referencia a los presuntos llamados del secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. “Si esa teoría fuera cierta, el fallo debió haber salido antes de las elecciones”, dijeron fuentes judiciales, que argumentaron que la semana pasada “lo que salió de la Corte fue un fallo contrario al Gobierno frenando la elección de Santiago del Estero”.
El único ministro que habló públicamente fue Eugenio Zaffaroni, el más cercano al Gobierno, que consideró el fallo “como uno de los más trascendentes de la historia” y advirtió que “no estamos haciendo una expropiación socialista ni una confiscación”. Sobre la adecuación, dijo que “hay que ver si el plazo de un año está vencido”, al tiempo que aclaró que “si la cancelación de licencias causa un daño patrimonial el Estado tendrá que pagarlo”.