Obsesión de Dilma por controlar al sector privado frena la economía

El reciente fracaso de dos licitaciones clave -la ruta que exploración del pré-sal y la ruta que unirá Espíritu Santo con Mina Gerais- se debe, para los críticos, a la ineficacia y al intervencionismo estatal

En ocasión de presidir un proyecto ferroviario la semana pasada en Rondonópolis, en el estado sojero de Mato Grosso, la presidenta Dilma Rousseff dijo que el país estaba “dos siglos” atrasado en lo que respecta a la construcción de su red ferroviaria.
Algo similar, aunque en menor medida, se podría hacer para el resto de las redes de transporte y logística del país. El sistema de rutas de Brasil probablemente esté de 50 a 60 años retrasado, al igual que el de puertos, transporte urbano y aeropuertos.
El gobierno está tratando de solucionar este problema. Sin embargo, tal como quedó demostrado la semana pasada por dos procesos de licitación emblemáticos –uno de rutas y otro para exploración petrolera–, necesita actuar rápido si no quiere condenar a Brasil a una década perdida en términos de crecimiento económico.
¿Quién es el responsable de este problema? La mayoría de los países, desarrollados o en desarrollo, batallan con la construcción de infraestructura, y Brasil no es la excepción.
El gobierno de Rousseff llegó al poder con el objetivo explícito de abordar este cuello de botella mediante programas de construcción de infraestructura de gran envergadura, tales como el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), de R$ 1.000 billones.
El banco nacional de desarrollo, BNDES, principal financista del PAC, creció rápidamente. Sus desembolsos de préstamos aumentaron desde apenas R$ 40.000 millones en el conjunto de 2004 a R$ 88.300 millones en el primer semestre de este año.
Sin embargo, a pesar de este enorme estímulo del gobierno, las inversiones como proporción del PBI siguen retrasadas en comparación con otras grandes economías. Ascendieron a 18,6% en junio, cuando los economistas sostienen que deben ser de, como mínimo, 22%.
Aquí algo falla.
Parte de la razón es la poca capacidad de ejecución del gobierno. En la licitación de la semana pasada, por ejemplo, dos grandes autopistas –que se considera que son las mejores de un gran conjunto de rutas que se licitarán en los próximos meses– se adjudicaron a concesionarios privados.
Una, la BR262, que va del estado de Minas Gerais al estado de Espírito Santo, sobre la costa, no atrajo ninguna oferta en absoluto. La licitación parece haber colapsado debido a un error tonto. Incluía un gran tramo de rutas que serían construídas por el departamento federal de rutas. Como era de esperar, los oferentes no quisieron arriesgarse a que este departamento, con un historial mediocre, no las entregase en el plazo previsto. No sólo se multaría al concesionario privado, sino que este también perdería los ingresos por peaje.
El gobierno negó que existiera tal riesgo y dijo que proporcionaría garantías, pero ya era demasiado tarde. La confusión hizo que los oferentes se mantuvieran al margen.
Luego está el caso de la subasta de petróleo. El gobierno exigió depósitos de garantía que los analistas consideraron “onerosos” para cualquiera que resultase adjudicatario en la licitación del campo de Libra, el primero de muchos descubrimientos prometedores en aguas ultra profundas frente a Brasil que se someterán a licitación.
La mayor parte de las grandes compañías petroleras del sector privado, incluyendo Chevron, Exxon, BP y BG, se mantuvieron al margen. Fue un resultado decepcionante para un campo que se supone que es tan atractivo que el gobierno había dicho que había 40 grupos interesados.
Los críticos dicen que el gobierno está obsesionado con controlar las ganancias del sector privado, a tal punto que hace que los proyectos brasileños se vuelvan poco atractivos.
Lo gracioso es que el partido de Rousseff, de los Trabajadores de centro-izquierda, tiene tanta desconfianza instintiva en el sector privado que quiere inventar un nuevo tipo de sistema económico: un capitalismo sin fines de lucro.
Rousseff insiste en que el gobierno se comprometió a garantizar una rentabilidad suficiente al sector privado. Culpó a los políticos del estado de Espírito Santo por objetar las tarifas de peaje.
Como sea, dados los retrasos en la actual ronda de licitaciones de rutas, a Rousseff le queda ahora poco tiempo para hacer despegar su programa de infraestructura. Brasil estará prácticamente paralizado por los feriados de Navidad y carnaval, entre diciembre y febrero, y luego otra vez para la Copa Mundial de Fútbol de junio. Luego siguen las elecciones presidenciales, en octubre de 2014. Si los proyectos se posponen hasta 2015, no se completarán hasta 2020, como muy pronto. Teniendo en cuenta los últimos tres años de progreso económico débil, Brasil corre el riesgo de enfrentar una década de crecimiento lento. Puede que no sean dos siglos pero, en la era de la globalización, una década es mucho tiempo para perder.