El revólver fiscal de Estados Unidos está cargado con dos balas que podrían herir de nuevo a la economía del país. Por un lado, en unas horas, buena parte del gobierno central podría verse obligado a echar el cierre a sus operaciones por primera vez en las últimas dos décadas. Por otro, el techo de la deuda podría desplomarse sobre la cabeza de los estadounidenses el próximo 17 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro se quedará sin fondos para enfrentar las facturas que se avecinan.
En medio de este desaguisado, que rememora los momentos vividos a comienzos de año con el conocido como acantilado fiscal o el secuestro de gasto, existen dos armas arrojadizas entre demócratas y republicanos: el presupuesto y la reforma sanitaria.
"Se cierne un cierre del gobierno mientras el país no podrá enfrentar nuevo endeudamiento si no se eleva el techo de deuda" indica Paul Edelstein, director de economía financiera de IHS Global Insight.
"El fracaso para resolver cualquiera de estos problemas dará lugar a importantes reducciones o cierres de muchas agencias gubernamentales, con un daño potencialmente importante para la economía y los mercados financieros". De hecho, el pasado viernes, el propio Obama dejó claro que un incumplimiento de los pagos sobre la deuda adquirida ya por EEUU tendría consecuencias mucho más severas que un cierre del gobierno, ya que "colapsaría la economía". Un bala que podría herir de muerte a la recuperación no sólo a este lado del Atlántico, sino en el resto del mundo.
Los siguientes pasos
Cierto es que el primer disparo no desangraría al paciente estadounidense. De momento, las probabilidades de rememorar lo ocurrido entre noviembre de 1995 y enero de 1996 son cada vez mayores. Recapitulemos. El gobierno federal de Estados Unidos tendrá que cesar sus operaciones no esenciales a partir de mañana, tras haber utilizado todos sus fondos disponibles y a la espera de que el Capitolio se ponga de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto.
Básicamente, esta acción implica que los funcionarios de distintas agencias gubernamentales se verán forzados a tomar excedencias no remuneradas mientras que otros, como los militares, experimentarán retrasos en los cobros de sus salarios.
Vista la situación los republicanos en la Cámara de Representantes decidieron echar un pulso con la Casa Blanca al ligar una ampliación de la financiación del Gobierno hasta el próximo diciembre a un recorte de los recursos destinados a implantar la reforma sanitaria, más conocida como Obamacare. La Ley, rubricada el 23 de marzo de 2010, se ha convertido en el objetivo a batir, sin éxito, de los republicanos. Precisamente, en estos momentos, la parte central de la medida, que obliga a los estadounidenses a poseer un seguro médico bien a través de sus empleadores o mediante las llamadas "bolsas sanitarias" que cuentan con subsidios federales, comienza a entrar en vigor.
Para el presidente Obama esta forma de ahondar el dedo en la llaga y reabrir una batalla ya ganada por los demócratas y aprobada en ambas Cámaras del Capitolio es inaceptable de ahí que haya repetido en incesantes ocasiones que no negociará sobre este asunto.
El viernes, el Senado, de mayoría demócrata, consiguió pasar un proyecto de Ley que financiaría a la administración central hasta el próximo 15 de noviembre y dejaba de lado cualquier asunto que tuviera que ver con la reforma sanitaria.
De vuelta al Congreso, ayer domingo y tras poner contra la espada y la pared al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, la mayoría republicana votó a favor de mantener la financiación del gobierno hasta el próximo 15 de diciembre y retrasar la implantación de la reforma sanitaria un año. Además se incluyó una enmienda que garantiza la financiación a las tropas estadounidenses si la administración central cerrase.
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