Exceptúan del pago de Ganancias a los trabajadores con sueldos de hasta $ 15.000

Beneficia a cerca de 1,5 millón de asalariados e inyectará $ 4.500 millones al consumo. También sube 20% el mínimo no imponible para sueldos de entre $ 15.000 y $ 25.000

Rodeada por representantes de las cámaras empresarias y la centrales sindicales afines al kirchnerismo que participan de la mesa de diálogo, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer la implementación a partir de septiembre de una deducción especial variable en el régimen del impuesto a las Ganancias, por la cual casi 1,5 millón de trabajadores en relación de dependencia y jubilados con salarios brutos de hasta $ 15.000 dejarán de estar alcanzados por el tributo. La medida, con la que el Gobierno se propone dar un golpe de efecto para recuperar terreno electoral tras la derrota en las PASO y a la vez inyectar unos $ 4.500 millones al consumo hasta fin de año, se completa con una suba del 20% en el mínimo no imponible por el cual tributarán otros 700 mil asalariados con sueldos de entre $ 15.000 y $ 25.000 (el piso quedará en $ 10.032 para solteros y $ 13.875,60 para casados con dos hijos), un incremento que trepará al 30% en el caso de los trabajadores de la Patagonia (será de $ 10.868 y $ 15.031,9 respectivamente).
Adicionalmente, los decretos que se publicarán hoy en el Boletín Oficial disponen que los trabajadores con hijos que dejen de tributar por Ganancias serán incorporados al régimen de asignaciones familiares, con lo que alrededor de 850 mil niños se sumarán a los 3,3 millones que previamente cobraban el beneficio.
Los referentes de la CGT oficial, encabezados por Antonio Caló, y la CTA de Hugo Yasky, reunidos en el salón de las Mujeres de la Casa Rosada en el marco del diálogo, celebraron los anuncios como un logro propio tras meses de insistentes reclamos por la rebaja de la carga de Ganancias sobre los salarios. Los empresarios, por su parte, se desayunaron con la decisión de Cristina de que la mitad del costo fiscal de las nuevas medidas, unos $ 2.056 millones hasta fin de año, se financiará con un nuevo impuesto que gravará con una alícuota del 15% la compraventa de acciones y títulos que no cotizan en bolsa, la eliminación de la excepción que poseen los sujetos del exterior por la compraventa de acciones y la aplicación de un nuevo gravamen del 10% sobre los dividendos que las empresas distribuyen entre sus accionistas, para lo cual el Ejecutivo enviará en los próximos días dos proyectos de ley al Congreso.
Según varios de los referentes que participaron del encuentro con la Presidenta, la creación de esos dos nuevos tributos –sin embargo– no generó réplicas de los representantes empresarios, quienes en cambio valoraron la decisión del Ejecutivo de descartar las propuestas que impulsaban gravar los plazos fijos y otros instrumentos de ahorro para compensar la menor recaudación por la baja de Ganancias.
“La CGT reconoce este anuncio como muy positivo porque descomprime la carga sobre los salarios y permite que el ingreso adicional sea volcado al consumo y la reactivación económica”, destacó el número dos de la central obrera oficial, Andrés Rodríguez, en diálogo con este diario. El dirigente taxista Omar Viviani consideró la medida como “un logro del movimiento obrero y un reclamo que el Gobierno supo escuchar”, en tanto que el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiesjko subrayó la satisfacción por el anuncio por los efectos de la rebaja del tributo y la incorporación de nuevos beneficiarios del salario familiar. “Estamos muy satisfechos”, indicó anoche a la salida de la Casa Rosada.
El encuentro marcó, además, el avance de la nueva mesa de diálogo que Cristina puso en marcha la semana pasada en Río Gallegos. Se acordó entonces la conformación de cinco comisiones político-técnicas destinadas a trabajar durante los próximos 20 días en una amplia agenda de temas, que incluirán desde las trabas a las importaciones, trabajo no registrado, competitividad y precios de insumos productivos y medicamentos.
Durante la conversación, empresarios y gremios también respaldaron la decisión del Gobierno de reabrir el canje de deuda y el cambio de jurisdicción de los bonos radicados en el exterior para evitar embargos.