28 ago 2013

La tensión en Argentina obliga a Kirchner a anunciar beneficios fiscales para la clase media


La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció modificaciones en el impuesto a la renta que pesa sobre los salarios de los trabajadores, para eximir de su obligación tributaria a quienes ganen menos de 15.000 pesos, un cambio que ha sido fuertemente reclamado por los sindicatos. La medida, considerada por la oposición como de corte "populista", ocurre tras la derrota electoral sufrida en las elecciones primarias del 11 de agosto.
Durante un acto gubernamental con patronal y sindicatos, ha anunciado que a partir del 1 de septiembre el mínimo exento para el pago en el impuesto sobre las ganancias de los trabajadores asalariados ascenderá a 15.000 pesos.
Hasta ahora este tributo, denominado Impuesto a las Ganancias, era aplicado a trabajadores solteros con salarios superiores a los 8.360 pesos mensuales y a los casados con dos hijos con un ingreso mayor a 11.563 pesos.
A partir de septiembre, el impuesto se aplicará a salarios superiores a 15.000 pesos mensuales, sean de trabajadores casados o solteros.
Actualmente el 25% de los trabajadores registrados pagan el Impuesto a las Ganancias, pero esa proporción bajará a un 10,2% con la modificación anunciada.
El titular del Fisco argentino, Ricardo Echegaray, precisó que esta medida implicará un coste fiscal en 2013 de 4.495 millones de pesos.
Para compensar parcialmente ese coste, el funcionario dijo que se gravará con una tasa del 15% la compraventa de acciones y títulos valores que no se cotizan en los mercados y se aplicará una tasa del 10% sobre la distribución de dividendos de empresas.
El aumento de la base salarial a partir de la cual se aplica este tributo era uno de los principales reclamos que venían manifestando los sindicatos en Argentina.

Beneficios
La reforma tributaria beneficiará al 89,9% de los trabajadores argentinos y los igualará, ya que hasta ahora solteros y casados tenían mínimos exentos distintos: 8.360 y 11.563 pesos, respectivamente.
Además, a partir de la misma fecha el tope actual para percibir las asignaciones familiares --8.400 pesos por sostén familiar y 16.800 pesos por grupo familiar-- ascenderá a 15.000 y 30.000 pesos, respectivamente.
Con todo ello, el Gobierno dejará de ingresar 2.581 millones de pesos que saldrán de nuevos tributos que gravarán la compra y venta de acciones no cotizables y el reparto de dividendos, según ha informado la agencia de noticias oficial, Télam.
"Trabajamos duramente y encontramos la vuelta para que queden excluidas la mayoría de las personas que trabajan en relación de dependencia y que el gravamen caiga sobre los que más ingresos tienen", ha subrayado Fernández de Kirchner.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, ha explicado que esta reforma del IRPF obedece a "un planteamiento histórico que en líneas generales ha sido aceptado en los convenios colectivos de trabajo de la amplia Patagonia".

El Banco Central vendió u$s 100 millones en dos días

El dólar en el mercado mayorista subió 1,7 centavo en las dos primeras ruedas de la semana, como resultado de la fuerte presión compradora y la poca oferta. El Banco Central debió vender u$s 50 millones por día para contener la escapada del dólar, que quedó en $ 5,643 por unidad, y las reservas cayeron así a los u$s 36.904 millones. En Wall Street, los contratos de pesos contra dólares saltaron 12 centavos tras el anuncio de la reapertura del canje de deuda.
La entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont debió salir a hacer ventas fuertes en las dos primeras ruedas de la semana, debido a la poca oferta disponible para cubrir la demanda de los importadores. La autoridad monetaria se deshizo de u$s 100 millones en lo que va de la semana.
Con tres ruedas para el cierre del mes, el dólar oficial gana 2,48% en agosto, un ritmo consistente con una suba anualizada del 30%. En julio subió 2,2% en el que fue el mayor avance mensual del año.
En Nueva York, los non deliverable forwards (contratos futuros de pesos contra dólares) a tres meses saltaron doce centavos en la rueda de ayer. El contrato a fines de octubre –un hedge frente a devaluaciones bruscas– marca un dólar de $ 6,50.

Gravan compraventa de bonos y acciones y cobro de dividendos


El Gobierno financiará una parte de las mejoras en el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría con nuevos gravámenes a la renta de capital, constituida por la compraventa de bonos y acciones que no coticen en bolsa y por dividendos de todas las empresas que perciben los accionistas particulares. Un proyecto de ley que ingresará en los próximos días al Congreso propondrá gravar con el 10% a los dividendos y el 15% a la transacción de porciones de empresas.
Según los cálculos que hizo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para eximir del pago a los salarios brutos de hasta $ 15.000 mensuales demandará un esfuerzo fiscal de $ 2.581 millones.
El aumento del 20% en el mínimo no imponible para los salarios de entre $ 15.000 y $ 25.000 brutos significará un costo de $ 1.317 millones. Y el aumento del 30% para los trabajadores de la región patagónica demandará otros $ 217 millones. Además, la extensión de la percepción de las asignaciones familiares a quienes ganen hasta $ 15.000 o cónyuges de ingresos conjuntos de hasta $ 30.000 tendrán un costo de $ 380 millones para el Estado.
En total, afirmó el recaudador, la medida que comenzará a regir desde el mes próximo tendrá un costo de $ 4.495 millones. La medida beneficiará a 1,5 millones de empleados y jubilados.
El cálculo, afirmaron fuentes de la AFIP, es cuatrimestral, o de aquí a fin de año. Anualizado, entonces, representará un “esfuerzo fiscal” de $ 13.485 millones. Esa cifra representa el 25% de los $ 54.000 millones que recauda el fisco en concepto del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría en la actualidad.
Una parte mínima de ese financiamiento provendrá de la creación del impuesto del 15% a la compraventa de títulos y acciones, o compraventa de empresas. Este impuesto había sido erradicado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mediante el decreto 2284 de 1991. Y por el quite de la exención al pago de Ganancias al cobro de dividendos, que pasarán a pagar un tributo del 10%. El primer impuesto aportará $ 697 millones al año. El segundo, $ 1.359 millones. En total, ese “esfuerzo fiscal” anual de casi $ 13.500 millones tendrá una contrapartida de $ 2.056 millones al año.
Por otro lado, el Gobierno espera que esos recursos que deja de percibir el fisco se vuelquen al consumo y, por lo tanto, generen nuevos ingresos a la AFIP, mediante el IVA y otros impuestos.

Simbólico
Echegaray aclaró que el impuesto a la compraventa de bonos y acciones no alcanzará a los instrumentos que coticen en dólares para no afectar el ahorro. Pero en el caso de una empresa que tenga parte de su capital en cotización pública, si un inversor compra la parte de la sociedad que no está en Bolsa, pagará el tributo.
En el caso de los dividendos, la AFIP ya sabe qué personas deberán pagar el nuevo impuesto, ya que la percepción de estos beneficios consta en las declaraciones juradas, aunque en la actualidad están eximidos del impuesto a las Ganancias. En otras palabras, los contribuyentes ya informan si tienen acciones de empresas y qué ganancia le retribuyen, aunque no estén alcanzadas por el tributo en la actualidad.

Exceptúan del pago de Ganancias a los trabajadores con sueldos de hasta $ 15.000


Beneficia a cerca de 1,5 millón de asalariados e inyectará $ 4.500 millones al consumo. También sube 20% el mínimo no imponible para sueldos de entre $ 15.000 y $ 25.000

Rodeada por representantes de las cámaras empresarias y la centrales sindicales afines al kirchnerismo que participan de la mesa de diálogo, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer la implementación a partir de septiembre de una deducción especial variable en el régimen del impuesto a las Ganancias, por la cual casi 1,5 millón de trabajadores en relación de dependencia y jubilados con salarios brutos de hasta $ 15.000 dejarán de estar alcanzados por el tributo. La medida, con la que el Gobierno se propone dar un golpe de efecto para recuperar terreno electoral tras la derrota en las PASO y a la vez inyectar unos $ 4.500 millones al consumo hasta fin de año, se completa con una suba del 20% en el mínimo no imponible por el cual tributarán otros 700 mil asalariados con sueldos de entre $ 15.000 y $ 25.000 (el piso quedará en $ 10.032 para solteros y $ 13.875,60 para casados con dos hijos), un incremento que trepará al 30% en el caso de los trabajadores de la Patagonia (será de $ 10.868 y $ 15.031,9 respectivamente).
Adicionalmente, los decretos que se publicarán hoy en el Boletín Oficial disponen que los trabajadores con hijos que dejen de tributar por Ganancias serán incorporados al régimen de asignaciones familiares, con lo que alrededor de 850 mil niños se sumarán a los 3,3 millones que previamente cobraban el beneficio.
Los referentes de la CGT oficial, encabezados por Antonio Caló, y la CTA de Hugo Yasky, reunidos en el salón de las Mujeres de la Casa Rosada en el marco del diálogo, celebraron los anuncios como un logro propio tras meses de insistentes reclamos por la rebaja de la carga de Ganancias sobre los salarios. Los empresarios, por su parte, se desayunaron con la decisión de Cristina de que la mitad del costo fiscal de las nuevas medidas, unos $ 2.056 millones hasta fin de año, se financiará con un nuevo impuesto que gravará con una alícuota del 15% la compraventa de acciones y títulos que no cotizan en bolsa, la eliminación de la excepción que poseen los sujetos del exterior por la compraventa de acciones y la aplicación de un nuevo gravamen del 10% sobre los dividendos que las empresas distribuyen entre sus accionistas, para lo cual el Ejecutivo enviará en los próximos días dos proyectos de ley al Congreso.
Según varios de los referentes que participaron del encuentro con la Presidenta, la creación de esos dos nuevos tributos –sin embargo– no generó réplicas de los representantes empresarios, quienes en cambio valoraron la decisión del Ejecutivo de descartar las propuestas que impulsaban gravar los plazos fijos y otros instrumentos de ahorro para compensar la menor recaudación por la baja de Ganancias.
“La CGT reconoce este anuncio como muy positivo porque descomprime la carga sobre los salarios y permite que el ingreso adicional sea volcado al consumo y la reactivación económica”, destacó el número dos de la central obrera oficial, Andrés Rodríguez, en diálogo con este diario. El dirigente taxista Omar Viviani consideró la medida como “un logro del movimiento obrero y un reclamo que el Gobierno supo escuchar”, en tanto que el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiesjko subrayó la satisfacción por el anuncio por los efectos de la rebaja del tributo y la incorporación de nuevos beneficiarios del salario familiar. “Estamos muy satisfechos”, indicó anoche a la salida de la Casa Rosada.
El encuentro marcó, además, el avance de la nueva mesa de diálogo que Cristina puso en marcha la semana pasada en Río Gallegos. Se acordó entonces la conformación de cinco comisiones político-técnicas destinadas a trabajar durante los próximos 20 días en una amplia agenda de temas, que incluirán desde las trabas a las importaciones, trabajo no registrado, competitividad y precios de insumos productivos y medicamentos.
Durante la conversación, empresarios y gremios también respaldaron la decisión del Gobierno de reabrir el canje de deuda y el cambio de jurisdicción de los bonos radicados en el exterior para evitar embargos.

Cambio de jurisdicción: Aunque hay interés, inversores temen que el canje derive en un default técnico en septiembre


Si la Corte levanta la orden que suspende el pago a los buitres, el país podría entrar en default técnico el 30 de septiembre próximo, el próximo vencimiento ley Nueva York. Correría riesgo el swap hacia ley local o generaría una fuerte pérdida a los tenedores de títulos bajo ley externa

El gobierno argentino demostró voluntad de pago el lunes al ofrecer un swap de los títulos bajo ley extranjera hacia ley local. Pero el apuro por anunciar esta oferta generó mucha incertidumbre entre los bonistas: que la corte levante la suspensión de la sentencia de pago en el próximo mes, se genere un default técnico y que, por lo tanto, el swap ya no pueda concretarse o haya que enfrentar una fuerte pérdida de valor.
Así lo explicaron diferentes bancos de inversión a El Cronista y se reflejó ayer en el derrumbe de los bonos argentinos. “El gobierno da el mensaje de que de alguna forma va a pagar si lo vienen a cobrar a Argentina, pero hay una volatilidad de corto plazo, la posibilidad de levantar el stay y que haya default técnico, lo que eleva la aversión al riesgo de los bonos argentinos”, dijo Alejo Costa, de jefe de Estrategia de Puente.
Para algunos inversores toda esta volatilidad estaba descontada: “Hay interés en ingresar al swap. Si todo el mundo asigna probabilidad muy baja de éxito en la estrategia judicial, la única razón para tener un bono de Argentina es que el gobierno puede ser existoso a la hora de diseñar un canje por ley local. Los inversores claramente están a la expectativa de eso”, dijo Sebastián Vargas, economista de Barclays.
Pero nadie está convencido de nada: “La incertidumbre es enorme. La factibilidad del canje no depende sólo de Argentina, sino también de los procesos judiciales de Nueva York, que hoy por hoy son inciertos”, agregó Vargas.
Porque el anuncio argentino generó un foco de fuerte preocupación en el corto plazo: que la corte estadounidense levante el stay, que los tiempos judiciales hacían prever no antes de fines de 2014, dentro de un mes. Al punto que podría estar en peligro los intereses del Par (PARA) bajo ley Nueva York que vencen el 30 del mes próximo. “Si se levanta el stay, los pagos de septiembre podrían estar en riesgo”, dijo Costa.
“Hay curiosidad por entender la estrategia del gobierno. Es evidente que Argentina arriesga mucho al ofrecer un canje que a todas luces es la búsqueda de una ruta de pago alternativa, cuando esto está explícitamente prohibido por la corte y cuando el mismo gobierno se comprometió a no hacerlo en una nota enviada a la corte en diciembre”, dijo el referente de otro banco estadounidense.
El analista de otra entidad europea coincidió: “La gente está asustada porque la corte americana lo tome como una provocación haciendo cualquier transacción muy riesgosa para cualquiera que tenga nexos con EE.UU.. El temor es que un levantamiento del stay puede amenazar el swap de bonos”.
Aunque un default técnico no invalidara el canje (“Si el proceso judicial en EE.UU. termina mal, los inversionistas sólo tendrían la opción de aceptar el canje a legislación local”, dijo Alberto Bernal, de Bulltick), este escenario se vislumbra sumamente complejo.
Lo que se pregunta hoy el mercado es si será fácil para el país cambiar la jurisdicción. Si lo logra, cuántos fondos pueden venir a Argentina a cobrar esos bonos. Los que no pueden y tienen que vender a quienes sí están autorizados a comprar bonos ley local saben que este grupo de inversores es más pequeño, así que cuánto estarán dispuestos a pagar esos compradores por los bonos defaulteados bajo ley externa.
Hoy esos bonos mantienen el valor de mercado, pero si muchos fondos no pueden cobrar los bonos y tienen que venderlos de emergencia, la caída de los precios provocará una pérdida de valor de su cartera.
“La volatilidad e incertidumbre de hoy está capturando el miedo de la gente que se tiene que sacar de encima los bonos ley externa”, dijo Costa.

Inversores salieron de bonos con ley local y compraron ley Nueva York


Tal como se esperaba, el arbitraje que realizaron los inversores redujo el spread entre los rendimientos de los títulos públicos en dólares porque perciben que “el riesgo se consolidó”. Además, los cupones PBI se derrumbaron hasta 9% y los CDS a cinco años saltaron 14%

El anuncio de la apertura de un canje de bonos con ley extranjera a títulos con legislación local tuvo un amplio impacto en el mercado de bonos donde hubo claros ganadores y perdedores. En una jornada con mucho volumen en el mercado local cayeron títulos en dólares que se rigen por ley argentina como el Bonar X (AA17), que bajó 1,5%, y el Discount (DICA), con un retroceso de 2,8%, mientras que subieron sus pares con ley Nueva York como el Global 2017 (2,7%) y el Discount (0,54%).
Esta tendencia también se verificó en los bonos Par en dólares con una suba de 1,65% para su versión en ley Nueva York mientras que cayó la versión con ley argentina (-1,85%).
El único bono con legislación local que se separó del resto fue Bonar VII que aumentó 2,46% ayer pero el título que vence en dos semanas tiene otros drivers. En primer lugar el dólar que surge del contado con liquidación que ayer subió y la posibilidad cierta de dolarizarse en poco tiempo que ofrece. El alza tampoco fue ajena a las declaraciones de la presidenta, que ayer confirmó su pago en cadena nacional.
Para los analistas, se produjo un arbitraje de bonos con ley local a regidos por legislación extranjera debido a que “el riesgo se consolidó”. De esta manera, inversores que apostaban a títulos con ley argentina porque percibían menor riesgo de default debido a la batalla legal con holdouts, ahora optan por bonos ley Nueva York “que venían muy atrasados en precios”.
“Se registró una fuerte corrección en bonos con legislación nacional y una recuperación de los regidos con ley extranjera porque estaban más baratos y el riesgo que se le exigía era mayor”, destacó a este diario Mauro Morelli de Rava Sociedad de Bolsa. “Los inversores se pasaron del Discount ley argentina al de ley extranjera, se vio una caída del Bonar X a favor del Global 17, una baja del Par ley local y un aumento del Par ley Nueva York”, especificó.
Por otro lado, los cupones PBI fueron claros perdedores y retrocedieron 5% en promedio. Los más afectados fueron los regidos por ley argentina en dólares que cayeron casi 9%, seguidos por los ley inglesa en euros (-4,8%) y los de legislación Nueva York (-4,1%). Para Morelli, el retroceso obedeció a costos de oportunidad asociados a que los inversores decidieron vender y apostar por bonos más atrasados, como el Global 2017.
En Wall Street el anuncio del canje fue tomado de una forma levemente diferente. En principio, cayeron todos los bonos argentinos o a lo sumo se mantuvieron estables. El Discount ley Nueva York perdió 1,6% y no consigue levantar cabeza tras el fallo de la Cámara de Apelaciones dado a conocer el viernes. El anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sólo le brindó otro golpe y desde el viernes acumula una baja de 6,2%. En tanto, el Global 2017 se mantuvo estable y el Par cayó 2,8%. En tanto, el Bonar X perdió 4,5%, el Discount ley local 3,4% y el Boden 2015 (RO15) 1,19%.
“Tanto en el exterior como en el mercado local, se redujeron los spreads entre los títulos con ley extranjera y ley local. De esta manera, el diferencial de rendimientos entre el Global 17 y el Bonar X descendió desde los 352 puntos básicos hasta los 247 puntos. Para los inversores locales, dicho diferencial debería ser nulo en la medida que se concrete la posibilidad de elección de la legislación de los bonos”, destacaron desde Delphos Investment.
En tanto, los seguros contra un default argentino a cinco años registraron una suba de 14%, en línea con el alza de 16% que tuvieron el lunes los de un año de plazo que ayer bajaron 5%.
En el mercado de acciones, el Merval registró una baja de 1,26% arrastrada principalmente por los retrocesos en las bolsas de todo el mundo ante la amenaza de ataque militar contra Siria. Sin embargo, el canje no puede descartarse como factor para explicar la caída.

En Wall Street ven en el canje un plan riesgoso con un timing inoportuno


Advierten que el riesgo de que la Corte de Apelaciones levante el stay que suspendió la orden de pagar se incrementó significativamente tras el anuncio de un swap de bonos a ley local. Creen que sólo un grupo minoritario de acreedores podría entrar a la reapertura del canje

La decisición del Gobierno de reabrir el canje para los tenedores de títulos en default fue recibida con extrema cautela en Wall Street. En opinión de analistas, este anuncio sugiere que el Gobierno espera una decisión negativa de la Corte Suprema y aunque destacan una mayor predisposición de la Argentina a pagar, reparan en los efectos del cambio de jurisdicción de los bonos.
Al descontar que la propuesta obtenga amplia aceptación en el Congreso, la clave, estiman, es el “stay” (o efecto suspensivo del fallo), que puede ser levantado bajo la posibilidad de que el cambio de legislación de la deuda viole las leyes norteamericanas.
Para el Citi, el Gobierno ya está buscando alternativas ante la eventualidad de un posible fallo negativo, cuya decisión final sobre el caso podría llegar en octubre.
“Vemos esta estrategia como de alto riesgo, ya que los tribunales podrían interpretarla como un intento de modificar los mecanismos de pago, al violar la orden del juez Griesa (confirmada por la Cámara de Apelaciones) y el compromiso que tomó la Argentina en diciembre de no buscar maniobras evasivas a una posible sentencia negativa. Como consecuencia, el riesgo de que la Corte de Apelaciones levante el stay concedido el viernes pasado se incrementó significativamente”, advirtió el último informe del banco.
El Citi rescata que el Gobierno todavía muestra voluntad a pagar, aunque “en sus propios términos”, y está dispuesto a recorrer un largo camino para cumplir con los acreedores cuyos derechos reconoce. Sin embargo, el banco descarta que la Argentina cumplirá con el fallo de la Cámara al no pagar a los holdouts ni a los tenedores de títulos residuales con ley extranjera, por lo que el país entrará en default respecto a su deuda externa.
Según JPMorgan, la idea de que la presidente Kirchner re-rutee los pagos no es en sí sorpresiva, aunque sí lo es en función del momento en que toma esta decisión. “El mercado sabe que Kirchner no estaría dispuesta a negociar con los holdouts y que al final de la línea legal, si los tribunales no revertían el fallo, el gobierno argentino se inclinaría a re-rutear los pagos de los bonos reestructurados a jurisdicciones fuera de la competencia de los tribunales de Nueva York”, analizó el banco.
“Pero el timing, antes de la Corte Suprema incluso responda a la apelación de la Argentina, sí es sorprendente. Tal sugerencia parece arriesgada, ya que puede acabar con la estrategia de la apelación del país”, sentenció el informe del Morgan.
Bajo la misma línea de análisis, Credit Suisse también hace hincapié en el riesgo legal que conllevaría la alteración de la jurisdicción de los bonos.
“Será importante examinar el lenguaje del proyecto de ley presentado en relación con este aspecto. Nos preocupa que los tribunales de EE.UU. puedan interpretar esta propuesta como un intento de desafiar y evadir sus órdenes”, destacó Casey Reckman, analista de Credit Suisse, para quien la justicia norteamericana podría levantar el stay hasta que se expida la Corte Suprema.
Para Credit Suisse, los tenedores de bonos estarán alertas por los riesgos asociados a la ley local, entre ellos, la pesificación de los títulos denominados en moneda extranjera, las restricciones a la transferencia de fondos fuera de la Argentina y el desacato legal que puede resultar de la participación en el canje. En este sentido, el banco espera que el mercado reaccione en forma negativa a las medidas propuestas por el Gobierno, aunque rescata su preocupación por brindarle mayor claridad a los bonistas.
“No esperamos que los holdouts encuentren esta oferta atractiva, en especial los involucrados en el litigio ante la justicia norteamericana”, advirtió Reckman.
Bulltick en cambio presenta una mirada más positiva. Considera que la aceptación del canje puede subir algunos puntos y alcanzar el 95%. “Dudamos que todos los acreedores locales que no entraron al canje tengan una actitud de batalla a largo plazo respecto al dilema judicial en curso en Nueva York”, explicó Alberto Bernal.
Por su parte, Barclays reconoce la eliminación de la ley cerrojo, al descatar que reduce el efecto negativo de la claúsula pari passu, pero advirtió que los holdouts podrían poner el riesgo el canje en los tribunales norteamericanos, con resultados inciertos para el país.