Juez estadounidense dictaminó la quiebra de la ciudad de Detroit

Un juez estadounidense aprobó ayer la bancarrota de Detroit, la mayor de un municipio en la historia del país, con un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos.
El juez Steven Rhodes afirmó que Detroit, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas, que suman unos u$s 18.000 millones.
“Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas”, dijo Rhodes. “Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo”. Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían cuestionado la bancarrota, declarada en julio pasado, con el argumento de que la Constitución del estado de Michigan, al que pertenece Detroit, no permite reducciones en los planes de pensiones.
Detroit, devastada económicamente por la Gran Recesión y las transformaciones en la industria automotriz, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde 2012.
En una conferencia de prensa después del fallo judicial, el interventor municipal Kevin Orr exhortó ayer a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando éstos ya han tramitado una apelación de la decisión del magistrado.
El gobernador de Michigan, el republicano Rick Snyder, designó a Orr en marzo para que interviniera el municipio en procura de resolver la crisis financiera.
Cuatro meses después Orr, un abogado especializado en bancarrotas de empresas privadas, presentó la solicitud de Detroit para acogerse a la bancarrota.
La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condado y Municipales presentó su notificación de apelación minutos después del fallo de Rhodes, y la abogada sindical Sharon Levine indicó que éste es el primer paso en un trámite que conducirá hasta el Tribunal Supremo de Justicia.
La capital del motor lleva en caída libre desde los noventa y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por suspender pagos.
Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo y la salida de negocios y empresas han provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos.
El dictamen afecta especialmente a los fondos de pensión municipales cuyos recursos son vitales para los 22.000 funcionarios públicos jubilados y los 10.000 empleados activos de la ciudad.